El 30 de Noviembre de 2023, el Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad una resolución instando al gobierno de Navarra a “defender activamente el pluralismo político y social como base imprescindible de una sociedad democrática”. Se instaba también a la ciudadanía a implicarse en la vida política, especialmente en el ámbito local.
Que el pluralismo necesite defenderse, y que haya que instar a la ciudadanía a participar, nos dice que tenemos un problema, un problema que veían todas las fuerzas políticas.
En 2023, Navarra fue la comunidad con más delitos de odio por habitante. En cuatro de los últimos cinco años, los delitos de odio más cometidos fueron los de motivación política. Agresiones, amenazas, intimidación, cometidos contra otras personas por pensar de modo diferente. No por sus actos, ni por su color, religión o sexo. Por sus opiniones.
Esos delitos tienen un efecto directo sobre la libertad de conciencia y opinión. La democracia se basa en el respeto a esa libertad de conciencia y opinión, que es para todos o no es para nadie, y que debemos proteger. Sin esa libertad no hay democracia. Sin esa libertad no hay participación ciudadana, ni en la vida cívica ni en la política local. Cuando esa libertad está en manos de un grupo concreto, que decide quién puede ejercerla sin pagar por ello, dejamos de vivir en democracia.
Por esa falta de libertad, la democracia en Navarra está anémica, especialmente en los pueblos silenciados, donde una parte importante de la población vota a partidos por los que nadie se atreve a presentarse en las elecciones municipales. Donde la intimidación está en cada pared, como en el parque temático de pintadas de Echarri Aranaz, y en su ayuntamiento, que tiene como hijos predilectos a los que asesinaron a un vecino y alcalde en plena Transición. Como en Leiza, donde hace poco se agredió a un concejal al grito de “os quedan cuatro días”. Como en demasiadas partes de Navarra, en demasiados pueblos silenciados donde ”el pluralismo político y social” no se defiende desde las instituciones.
Esos pueblos no quedan tan lejos de Pamplona, donde el ayuntamiento ni se pronuncia cuando se producen agresiones organizadas a actos públicos de la oposición o se amenaza a escritores.
Nos da la impresión de que no estamos avanzando en el sentido correcto. Por eso, desde la sociedad civil, queremos ayudar a identificar y proponer medidas concretas que ayuden a cumplir la resolución del Parlamento del 30 de Noviembre de 2023.
La Mesa Cívica por la Libertad y la Democracia es un proceso participativo y de reflexión, en el que toman parte personas afectadas por la situación en la Barranca y en otras zonas, un proceso al que invitamos a unirse a otras entidades y personas cualificadas, y en el que participarán también expertos en resolución de este tipo de situaciones de déficit democrático. El objetivo es identificar problemas concretos, proponer medidas concretas que se puedan poner en marcha para normalizar los “territorios bajo el silencio”, y buscar el consenso necesario para ponerlas en marcha.
Además de las personas mencionadas, el proceso está promovido inicialmente por Asociación Pompaelo, ANVITE y Sociedad Civil Navarra.
El proceso de trabajo será análogo al que hemos seguido por ejemplo en la mesa cívica sobre la Sanidad en Navarra, con una fase a puerta y cámara cerrada en la que los afectados y expertos puedan hablar con total libertad y se puedan valorar opciones y crear consensos, y una fase pública en la que se expondrán y abrirán a debate las conclusiones y recomendaciones.
La iniciativa fue presentada frente al Parlamento de Navarra el 13 de Febrero de 2025 por Olga Izquierdo (secretaria de ANVITE), Eduardo López Dóriga (presidente de Sociedad Civil Navarra) y Miguel Cornejo (presidente de Asociación Pompaelo).
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