PP, Luci, Vox y otros chicos del montón
Los problemas que Vox está teniendo con sus cargos en gobiernos regionales y municipales ilustran un problema de fondo que ya vivió Cs.
La dirección de un partido decide romper una alianza con otro, y da orden de abandonar una serie de gobiernos regionales y municipales. Y se encuentra con que muchos de los cargos afectados… abandonan el partido para seguir en sus puestos. Está pasando estos días con Vox, y pasó no hace tanto en Murcia con Ciudadanos. Y seguirá pasando. Pero no es por la sórdida naturaleza humana, como venden algunos: es por la forma en que funcionan esos partidos.
Preguntémonos dos cosas: ¿porqué cree la dirección del partido que puede tomar esas decisiones sin contar con los cargos afectados? y ¿porqué esos cargos prefieren romper la disciplina de partido sabiendo que eso les costará una expulsión?
La primera es fácil. Hay partidos (muchos, sobre todo los nuevos, pero también por ejemplo el PSOE) en los que la toma de decisiones importantes está muy centralizada, o incluso limitada al entorno de la presidencia. El resto del partido tiene un papel de correa de transmisión, o como mucho de aplicación. La estrategia del partido y el programa no emergen de abajo a arriba, sino que se proyectan de arriba a abajo. Esto es así por varias razones, entre ellas que hoy en día un liderazgo mediático es condición necesaria y suficiente para conseguir millones de votos sin que importen los candidatos que arrastra en las listas… y también porque ese liderazgo define las listas, lo que elimina cualquier incentivo para el debate: quien lleva la contraria se queda fuera. Eso no elimina la discrepancia, sólo la tapa. Y a la vez, beneficia a quien no tiene nada que aportar más que su aparente lealtad.
La segunda tiene que ver. Muchos de esos cargos no están en el partido porque éste encarne sus principios o se haya ganado su lealtad (aunque hayan empezado así), sino como herramienta para tocar poder. Es una ambición muy legítima: sólo tocando poder se puede ayudar a cambiar las cosas. Lo que no es legítimo es asumir que para ello están dispuestos a pasar por el aro de lo que se le ocurra a la dirección del partido. La consecuencia es que cuando la dirección del partido quiere tomar un camino que apartaría a esas personas del poder, o de las políticas en las que creen… tiene muchas papeletas de que las persona, si pueden, salten del barco, y prefieran el poder a las siglas. Que, al fin y al cabo, para ellos son un simple instrumento y no una causa compartida.
No pensemos que esto sólo pasa en “la derecha”. Esto se lo hizo el PP a Ciudadanos en Andalucía hasta el exterminio (y poco menos en Madrid), por las mismas razones y en las mismas condiciones. Esto pasó en Murcia. Cuando el PP controla la región o el ayuntamiento, controla a tus cargos. Por eso era tan importante no quedarse en vicepresidencias y vicealcaldías, pero la novatada (y la falta de escucha) se paga.
Esto se lo hizo el PSOE en su día a los viejos comunistas. Esto se lo hicieron los nacionalistas a los primeros podemitas navarros. Y seguirá pasando mientras no cambien las cosas.
Ahora mismo, en España y en la práctica, un cargo electo, como un cargo público, representa a quien le designa, no a sus electores. Pero una vez designado ¿quién le puede mantener en el cargo? Esa es la pregunta con trampa, la que el PP y el PSOE descifraron hace tiempo y usan para destripar a sus socios de coalición cuando les conviene.
Hay países y partidos en los que los programas se forman por consenso emergente, siempre con un alto peso de la dirección pero también con participación de niveles inferiores. Y las estrategias no se dictan, sino que se negocian: por ejemplo, con los cargos electos. Y éstos pueden negociar porque la formación de listas no está completamente en manos de la alta dirección, lo que convertiría el proceso en una carrera por ver quién le da antes la razón al líder.
Los responsables de un partido en Alemania tienen mucho menos control que los responsables de uno en España. Y por mucho que les gustaría tener más, ese control tiene un coste. En calidad, y en fragilidad. Y saben que no merece la pena.
Nuestra ley de partidos se creó para facilitar que emergieran y cogieran fuerza cuando en la práctica no existían. Se tomaron muchísimos atajos, que se han convertido en norma y tienen mucha culpa de que personajes sin cualificación ni principios se puedan hacer con el control, y de que nuestros representantes sólo representen a quien les designa. ¿Alguien cree que García Page habría respaldado la ley de Amnistía si su futuro político y el de su gente no dependiera del capricho de Sánchez?
Esto no significa que todos los cargos electos y públicos sean oportunistas o incompetentes, ni mucho menos. Significa que hemos quitado los controles que impiden que lo sean. Y al final, se impone la ley de Murphy.