La necesaria neutralidad de las televisiones públicas y la imprescindible profesionalización de la gestión de las emergencias.

Las instituciones no tienen que ser plurales: tienen que ser neutrales, y sobre todo efectivas.

La devastación causada en Valencia por las terribles inundaciones de finales del mes pasado debería dar lugar a un debate sosegado y racional sobre todo lo que se ha hecho mal para que no vuelva a repetirse. Es evidente que se produjo un “fallo multiorgánico” y ninguna administración pública, ni la autonómica ni la central estuvieron a la altura de lo que las circunstancias exigían. El gobierno central, -y concretamente el ministro del Interior- no decretó la situación de emergencia nacional a pesar de que era evidente que la gravedad de la DANA lo requería. No sirve de excusa decir que el gobierno autonómico no lo solicitó. Tal solicitud no es necesaria. La ineptitud e ineficacia manifiestas del gobierno autonómico no justifican la falta de reacción inmediata del Gobierno de la Nación. Con todo, creo que el debate debiera trascender la cuestión competencial. Lo verdaderamente necesario es profesionalizar la gestión de las emergencias. Esto requiere crear una Agencia Nacional de Emergencias (similar a la existente en países federales como Estados Unidos) integrada por personal cualificado y cuyas alertas sean de obligado cumplimiento por parte de todas las administraciones públicas. En la tragedia de Valencia hemos comprobado que no se adoptaron las medidas de prevención que podrían haber evitado muchas muertes porque la adopción de aquellas dependía de dirigentes políticos carentes de la mínima cualificación para el desempeño de sus funciones.

Por otro lado, no deja de ser significativo que, a pesar de las graves responsabilidades compartidas por los gobiernos central y autonómico, no se haya producido ni una sola dimisión. Y más ilustrativo resulta aún -y este es el hecho que quiero comentar- que la única dimisión haya sido la del director de la televisión de la comunidad valenciana. Dimisión sorprendente porque el director había logrado recuperar los índices de audiencia y mejorado la calidad del medio. ¿Por qué dimitió? Por dignidad. Como es sabido, durante el fatídico día de las inundaciones, el presidente valenciano Carlos Mazón pasó varias horas -indiferente a la catástrofe- comiendo y de sobremesa con una periodista para ofrecerle la dirección de la televisión valenciana. Esto pone de manifiesto el nivel y las prioridades de determinados políticos. El dirigente valenciano no es la excepción. De hecho, si no hubiera sido por la tragedia, ni nos habríamos enterado del asunto.

Las televisiones autonómicas carecen de cualquier justificación razonable. Desde el punto de vista político operan como plataformas de propaganda al servicio de los gobiernos de turno, y ninguna razón de interés público justifica su existencia. Desde el punto de vista económico implican un intolerable despilfarro de recursos públicos. En un proceso de racionalización del Estado Autonómico deberían ser suprimidas. No quiero decir que la televisión pública deba desaparecer, sino que no tiene sentido que haya 18.

El decisivo papel que desempeñan los medios -privados- de comunicación como instrumentos para la formación de una opinión pública libre se ve complementado en las democracias avanzadas de Europa con el establecimiento de entes públicos de radiotelevisión configurados como prestadores de un servicio público caracterizado por las notas de profesionalidad y neutralidad. En el Reino Unido, la BBC ha sido durante décadas el modelo de referencia. Lamentablemente en otros lugares -como ocurre en España- esos entes son colonizados por los partidos, pierden su neutralidad y con ella la razón que justifica su existencia.

Obsérvese el paralelismo entre el presidente Mazón y el presidente Sánchez. Si el día de la tragedia la principal preocupación del primero era ver a quién colocaba al frente de la televisión autonómica, la prioridad del segundo era la convalidación por el Congreso de los Diputados de un Decreto-Ley (inconstitucional) que le garantizase el control del Consejo de la RTVE. Sabiendo ya que habían muerto decenas de personas, su prioridad aquella mañana era el control de la televisión pública.

Ese Decreto-Ley que modifica la composición del Consejo de RTVE supone un paso más en el proceso de colonización partidista de las instituciones que sufre nuestro país. Los partidos políticos asumen directamente el control de toda una serie de instituciones que deberían ser neutrales e independientes para poder cumplir correctamente con su función, como es el caso de RTVE.

Bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero tuvo lugar el único intento serio de preservar la neutralidad de RTVE. Bajo su impulso se aprobó la ley que requería el apoyo de dos tercios de los parlamentarios para la elección de los consejeros de RTVE. Esa mayoría cualificada implicaba la existencia de un consenso sobre la cualificación e independencia de los elegidos. En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Decreto-Ley para suprimir el requisito de los dos tercios, de modo que la mayoría parlamentaria de turno pudiera controlar RTVE. El PSOE denunció entonces con toda razón ese “golpe institucional” y lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal le dio parcialmente la razón al entender que no existía la urgencia que justifica aprobar un Decreto-Ley.

Ahora es el gobierno de Sánchez el que ha recurrido de nuevo inconstitucionalmente al Decreto-Ley para modificar la composición del Consejo. Hasta ahora el Congreso elegía a seis y el Senado a cuatro consejeros. El Decreto prevé que a partir de ahora el Congreso elija a once y el Senado (en el que el PP tiene mayoría) siga designando a cuatro. El objetivo es, por un lado, incluir en el Consejo a representantes de los diversos partidos que apoyan al Gobierno (desde Bildu y ERC hasta Podemos); y, por otro, reducir al mínimo la presencia del PP y excluir directamente a Vox con la excusa de que no comparte “los valores de RTVE”. Resulta muy difícil de aceptar que todos los partidos que apoyan al Gobierno y a cuyos representantes se quiere incluir en el Consejo de RTVE compartan esos valores. Para decirlo con mayor claridad, no se puede sostener que Vox no comparta los valores de RTVE y socios del gobierno como Bildu sí lo hagan. Pero, al margen de ello, lo denunciable es que se pretenda convertir al Consejo de RTVE en un Parlamento en el que los distintos partidos tengan sus representantes. El Consejo no tiene que ser plural; el Consejo tiene que ser neutral y para ello estar integrado por profesionales independientes, de reconocido prestigio y trayectoria y cualificación acreditadas. En lugar de eso, los partidos -una vez más- operan como agencias de colocación y designan a personas sin la necesaria cualificación. 

En definitiva, con la reforma se refuerza el poder de la mayoría de la investidura y se garantiza directamente su control de la RTVE. El sistema es bastante similar al establecido en algunas Comunidades Autónomas como, por ejemplo, Madrid. Ello pone de manifiesto que ni el PSOE ni el PP entienden la importancia de la neutralidad y la condición de servicio público de RTVE. La reforma se opone además al Reglamento Europeo de Libertad de Medios -de aplicación directa en España- cuyo artículo 5 exige que los Estados miembros garanticen la independencia editorial y funcional de los medios públicos.

El efectivo cumplimiento de este Reglamento Europeo requiere que España apruebe una ley que garantice la profesionalidad e independencia de los consejeros de RTVE -y de sus homólogos autonómicos, mientras se mantengan- recuperando la exigencia de una mayoría parlamentaria cualificada de dos tercios para su nombramiento. Y que añada también la exigencia de que los vocales sean profesionales cualificados.

Lamentablemente RTVE es solo una de tantas instituciones cuya administración se atribuye a personas en función de su afinidad partidista y no de su cualificación profesional. Es este uno de los problemas fundamentales y más graves de nuestro país. Los casos de la RTVE o las televisiones autonómicas al servicio del gobierno de turno como puede ser la de Madrid u otras, no son los más graves. Al fin y al cabo, podemos limitarnos a no verlas. Lo grave es cuando esa falta de profesionalidad y de neutralidad se traslada a otros ámbitos: por ejemplo, la gestión de las emergencias. Por ello insisto en que la principal lección que cabe extraer de la tragedia de Valencia es la necesidad de crear una Agencia Nacional independiente para la gestión de emergencias. Y, aunque no sea tan prioritario como lo anterior, insistir también en reclamar un ente público de radiotelevisión dirigido con criterios de profesionalidad, neutralidad y excelencia tomando como modelo la BBC.

Javier Tajadura Tejada es Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU.

Imagen: fotograma de “Una noche en la ópera”, de Metro Goldwin Mayer.