La democracia española, en manos de sus enemigos

Crisis del orden constitucional de la Transición

El ambiente sociopolítico y moral de la Transición, a horcajadas entre la década de los setenta y ochenta del siglo XX, del que nació la Constitución por consenso leal de derecha e izquierda y nacionalismos excepto terroristas y afines ha quebrado. Era una democracia socio-liberal en lo económico; en lo político, monarquía y Estado de Derecho unitario y descentralizado en municipios y regiones; en lo moral, una urdimbre institucional con sometimiento de todos —ciudadanos y poderes públicos— a los valores de unidad, libertad, justicia, igualdad y pluralismo. Primero se relativizaron los valores con relatos y argucias jurídicas por intereses partidarios. He aquí las causas de la degradación que hoy asola a la mayoría de las instituciones: sectarismo, relativismo, dejación del bien común y partidocracia corrupta. Del edificio constitucional quedan los cargos y los procedimientos. Es una Constitución vaciada de lo esencial: unidad con voluntad de permanecer y prosperar juntos; libertad frente a la mentira institucionalizada y la manipulación del poder; igualdad de los ciudadanos en todo el territorio nacional frente al privilegio de los secesionistas; justicia independiente a salvo del poder político; pluralismo y objetividad de los medios públicos por encima del sectarismo y la censura. Son las condiciones de la libertad inherente a la democracia liberal. Hoy, los españoles somos menos libres e iguales que al principio.

En las primeras décadas del siglo XXI estamos asistiendo al declive democrático no sólo en España sino en el nuevo orden mundial que se está gestando. Las sociedades libres después del final de la II Guerra Mundial parecen haber agotado su ciclo histórico y están destruyendo las bases que las sustentaban. El nuevo marco de referencia es el autoritarismo: en un extremo el populismo neomarxista de la izquierda con las dictaduras comunistas y los socialismos progresistas (materialistas, estatistas y relativistas) y en el otro extremo el populismo nacionalista de la derecha autoritaria (identitario, supremacista y excluyente). Comparten la erosión de las libertades civiles y la fuerza como fuente del Derecho, utilizado al antojo del poder para manipular la conciencia de muchos a través de la propaganda y el dinero.

Un ejemplo de totalitarismo nacionalista es el Trumpismo. Representa un autoritarismo nacional-plutocrático. Está por ver si se consolida y revierte la tradicional democracia norteamericana. Del nacionalsocialismo (nazismo y fascismo) de funesto recuerdo en el siglo XX estamos ahora, un siglo después, expuestos al rabioso nacionalismo USA (America first) protagonizado por élites plutócratas populistas (Trump, Musk...) cuya estrategia imperial rompe con el orden liberal internacional.

En el otro extremo, el totalitarismo de izquierda presenta diversos perfiles, desde la China comunista (Jinping) con voluntad de hegemón planetario y otras dictaduras comunistas en Asía e Hispanoamérica a las pseudodemocracias como la española de Sánchez-PSOE.

En el Ocaso de la democracia (Applebaum, 2020) ya apuntaba a la deriva autoritaria desde Europa del Este hasta América. La vieja ley del más fuerte (USA, Rusia, China) de nuevo en acción para repartirse el mundo contra la democracia liberal, el Estado de Derecho internacional y el comercio regido por reglas. En Los Nuevos Leviatanes (Gray, 2024) alerta de los peligros, decepciones y horrores morales que entraña el abandono del liberalismo tradicional, porque el verdadero leviatán (monstruo caótico) es la voluntad de poder sin límites del animal humano que siempre lleva al despotismo ilimitado como estamos viendo.

En este marco tan complejo como inseguro, centro la atención en la joven democracia española y sus enemigos. En solo 45 años se ha revertido el orden constituido; hemos vuelto a la división radical entre izquierda y derecha (el muro “sanitario” de Sánchez contra PP-VOX) y los secesionismos, alimentados por el Estado, en guerra contra España ganan las batallas contra la Nación de ciudadanos libres e iguales.

Sánchez en su deriva ególatra de poder personal ha abdicado de la corta tradición socialdemócrata del PSOE (González) y se ha entregado a la ultraizquierda neocomunista (pacto con Podemos y Sumar) y en su “somos más, pronunciado en la noche electoral” ha unido su destino (condenando a los españoles) con el extremo opuesto, con el totalitarismo nacionalista de ERC, Junts, PNV y Bildu, con trayectoria golpista los dos primeros y terrorista el último.

Este gobierno, mantenido por los intereses de minorías extremistas, carece de legitimidad para el interés general de los españoles. Es sostenido por socios de militancia antiespañola y sus políticas operan en contra de la unidad e integridad de la Nación y de las instituciones superiores del ordenamiento constitucional: Jefatura del Estado, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También contra los medios de comunicación libres, asociaciones civiles pro-España, libertad y Constitución.

Así las cosas, la democracia española se encuentra, otra vez, en una encrucijada: continuar en el proceso avanzado de descomposición o iniciar la reconstrucción en un contexto internacional convulso. La España de la segunda década del siglo XXI está bloqueada. Los hechos son más potentes que la propaganda del gobierno Sánchez, yonqui enfermizo de poder con crisis política (gobiernos fake de perdedores desde 2018), degradación económica (renta per capita estancada durante más de una década, alto paro real, perdida de capital humano…) y fraccionamiento y decadencia cultural (lengua, historia, nexos de unión de españoles…) en un momento de grave crisis geoestratégica que afecta a Europa, pues ha quedado en medio de dos imperialismos: el ruso (Putin) contra Occidente, y el norteamericano (Trump) con metas proteccionistas y expansionistas.

Es de aplicación la ley de Finagle cuando afirma que, si “algo puede ir mal, irá mal en el peor momento posible". Está sucediendo: una Europa frágil, atrapada en una institucionalidad burocrática que ciega el progreso económico y con un gobierno continuista de la UE incapaz de defender su seguridad y fronteras exteriores. Y un tercer imperio, el chino, cuyos productos industriales golpean con fuerza la competitividad europea.

La vía de la reconstrucción encuentra cauce en la ley de Gilbert. Establece que “siempre hay una manera más sencilla de hacer algo, pero encontrarla requiere un esfuerzo consciente y mantenido”. Este esfuerzo compete a la oposición conservadora y a una socialdemocracia, post Sánchez, de nuevo cuño como la danesa de Mette Frederiksen (cohesión nacional, realismo económico, control migratorio) ¿Será capaz el PSOE de estar a la altura de España?

Quién venga después de Sánchez no puede limitarse a la gestión del corto plazo. Está obligado a reconstruir instituciones, pero habrá que luchar en contra de las fuerzas que se han adueñado del Estado y sus recursos.

Está obligado a enfrentar a los españoles con la realidad a través de auditorías independientes sobre tres núcleos: Unidad nacional y Constitución, Economía y servicios sociales, Cultura y educación. La oposición debería sin complejos activar ya estas auditorias con participación social.

Quién venga después de Sánchez viene obligado a buscar mayorías nacionales para modificar la Constitución y revertir la guerra de los separatismos contra la unidad nacional. En La Guerra de secesión contra la nación de españoles (Rul, 2021) se muestra la inoperancia de las estrategias reactivas usadas por el Estado con los secesionistas: siempre han ganado las batallas y ahora más que nunca en contra el orden constitucional (amnistía, control de fronteras y flujos migratorios, racismo en la exclusión del español como lengua oficial...).

Se imponen estrategias proactivas con arreglo al art. 167 CE. Cito estas 7 básicas: a) reordenar y cerrar las competencias entre el Estado y las Autonomías, b) libertad económica y mercado único que facilite la inversión, c) representación nacional en el Congreso de diputados (sólo partidos con representación en más del 50% de las provincias), d) independencia efectiva del poder judicial (nombramientos, presupuesto, eficacia), e) Sala constitucional del Tribunal Supremo (eliminar el politizado Tribunal constitucional), f) Ley de lenguas de España con el español, lengua común y primera entre iguales con las otras lenguas cooficiales, g) pluralismo y objetividad en los medios de comunicación con órganos de control independientes (RTVE y TV3 podrían suprimirse: no sirven al interés general, son muy caros para los contribuyentes, sectarios y tóxicos con la equidad y la objetividad).

Coda. Urge convocar elecciones generales. Debería ser el precio exigible para que el PP apoye el incremento del gasto en defensa como exige la UE.