El reto de la Nación con los secesionismos
Administrar el postsanchismo
Esta legislatura, forzada por la voluntad de poder de Sánchez, es nociva para los intereses generales de los españoles. Después del insólito simulacro del sectario convertido en víctima, con epístola y retiro mediante, para sacar partido de la expectación sobre su continuidad, dice que continua por los apoyos recibidos, más bien exiguos pese al montaje calculado de autobuses y encuestas trucadas de Tezanos. Cómo no seguir si el poder es su medio de vida, y con elecciones catalanas y europeas en ciernes. Es difícil imaginar a Sánchez de ciudadano normal, ganándose la vida con un trabajo honesto.
Esta legislatura mientras dure irá a peor; no reúne condiciones, está condenada y es, como estamos comprobando, dañina para la mayoría de los españoles. Empezó mal: “somos más”, dijo exultante, pero es una suma fraudulenta de chantajes, engaños y concesiones a los separatistas enemigos de España. Sólo puede ir a más la degradación institucional, la división sociopolítica, el empobrecimiento socioeconómico y la fragmentación territorial. Es lo que ha venido haciendo con sus socios. Dice que pondrá más empeño para desgracia de la mayoría social.
Ahora que ha terminado la primera fase de la escenificación, habrá más, me reafirmo en la necesidad de documentar, con diagnósticos y propuestas, los grandes retos de la Nación, generar sinergias cívico-políticas en el marco de la democracia liberal y actuar con valor e inteligencia contra la deriva socio-comunista y separatista. El motivo es claro: ambos totalitarismos coinciden en dos fines: mantener el poder a toda costa, como hacen las falsas democracias caribeñas o los separatistas en sus “feudos”, y cambiar el régimen constitucional. España debe enfrentar estas amenazas reales con las armas democráticas del Estado de derecho y el principio de realidad. No hay futuro de libertad y progreso sin recuperar la democracia liberal asolada por el autoritarismo.
Me centro en el secesionismo (catalán y vasco), uno de los principales problemas que la España contemporánea no ha sabido gestionar; sólo ceder a sus pretensiones, según este patrón estratégico reactivo: “nacionalistas exigen, España cede”, “nacionalistas imponen, España deja hacer y mira para otro lado”. La descentralización autonómica se ha hecho sin visión ni proyecto global entre los dos partidos nacionales; ha sido guiada por intereses coyunturales del PSOE (González, Zapatero y Sánchez) y PP (Aznar) en minoría parlamentaria. Esta estrategia mantenida por los gobiernos de España, carente de visión, ha distorsionado hasta la entropía, esto es, el desorden del sistema de descentralización, disfuncional, caro y disolvente. Los nacionalismos vasco y catalán pudieron integrarse en el orden democrático constitucional durante la Transición, parecía que sí, que evolucionaban hacia un nacionalismo cívico, exceptuando a terroristas y fanáticos. Pero no, la deriva nacionalista ha discurrido, después del franquismo, hacia un nacionalismo étnico-identitario, rabiosamente antiespañol y secesionista. Ahora han encontrado en Sánchez, “presidente continuista” del gobierno de España, un colaborador necesario en su estrategia, pues depende de sus votos en el Congreso de Diputados.
La posición de los secesionistas es clara: la secesión con todas las ventajas posibles y, en su defecto, la soberanía, fraccionando la española, por eso exigen su reconocimiento constitucional a través de los estatutos y la capacidad referendaria.
Esta posición de máximos pone a prueba la estrategia reactiva; no da para más, la hace inservible a no ser que se rompa el eje fundamental del orden instituido: arts. 1 y 2 de la Constitución.
Habrá forcejeos e intentonas, pero si el límite de la soberanía unitaria de los españoles se mantiene, la crisis resultante entre el Estado y los secesionistas sólo puede reconducirse con una estrategia proactiva liderada por el Estado democrático. Apunto unos principios y criterios a considerar:
1. Relación de conllevancia civil con los secesionistas porque son españoles, aunque les pese. Les son de aplicación los derechos y deberes, las libertades civiles, el respeto a sus ideas y su defensa a través del asociacionismo cívico.
2. Relación política beligerante contra el mal del secesionismo, destructor de naciones. Lo arrastramos desde el siglo XX, participó en la conjura contra la Constitución de 1876 (Conjura de S. Sebastián, 1930), sacó tajada en la II República y se rebeló contra ella, para desengaño de su promotor, Azaña. Vieron su oportunidad durante la Transición y engañaron a todos consiguiendo casi todos los poderes de un estado, que utilizan contra la Nación de españoles. España puede y debe reconducir el secesionismo democráticamente, como han hecho y hacen otras democracias. Pongo por caso la democracia de EE. UU con tres estrategias distintas: la Guerra de Secesión, contra la rebelión de los estados sureños (1861-1865); el peso de la ley con la sentencia de la Corte Suprema, en el caso Texas versus White, o nulidad radical contra la secesión (“cuando Texas se convirtió en un estado federal de EE. UU., entró en una relación definitiva, indisoluble (..) unión tan perpetua e indisoluble como la unión entre los estados originarios...”); y por la acción ejecutiva para deslegitimar las pretensiones nacionalistas de Vermont, Texas, Alaska y Hawái.
En el combate contra el secesionismo España tiene una posición constitucional mejor que EE. UU, pues la Constitución nace de la Nación unitaria española y el pueblo español, como un todo indivisible es el soberano del que emanan los poderes del Estado, pero, por el contrario, tiene un poder ejecutivo dependiente de los separatistas, y un Tribunal constitucional poco asertivo que ha ido cediendo al marco conceptual impuesto por los secesionistas.
Así las cosas, para ir más allá de la cronificación del secesionismo y de las falsas soluciones del apaciguamiento, sólo cabe la reconducción a los rasgos de unidad nacional del orden constituido que integra la autonomía leal y solidaria. Si este es el origen y también el objetivo final del orden constitucional toda acción política legítima debe operar en este marco. En consecuencia, es exigible, como condición sine qua non a todos los partidos políticos:
¾Renuncia expresa e irreversible a la secesión como condición necesaria para la acción política. Exclusión de las vías unilaterales, refrendos de división, atajos ventajistas.
¾Cese de la violencia política y la beligerancia contra España y los españoles. Trato igualitario de las lenguas cooficiales, información plural de los medios de comunicación, renuncia a la enculturación nacionalista en la escuela y la sociedad, cumplir el art. 4 de la CE sobre las banderas oficiales. Hoy, por ejemplo, en Cataluña sólo el 13,4% de los ayuntamientos cumplen la normativa sobre símbolos (ver informe de Impuso ciudadano con fotografías de 950 ayuntamientos https://impulsociudadano.org/impulso-ciudadano-documenta-con-950-fotografias-que-solo-el134-de-los-ayuntamientos-catalanes-cumplen-la-normativa-de-simbolos/).
Reconducir los secesionismos a la civilidad democrática exige dos reformas clave:
1. Reordenar y cerrar las competencias entre el Estado y las Autonomías. Implica un cambio constitucional y requiere mayorías reforzadas según el art. 167 CE. Es posible con la suma del PP y PSOE. Restaría combustible al fuego que nutre a los nacionalismos, pues sería el fin del chantaje permanente centrífugo de más competencias. Sí, ya sé que el PSOE está en las antípodas; hoy sustenta su poder en nutrir las expectativas de los secesionistas, pero es lo que un partido nacional debe hacer.
2. Consolidar el sistema de representación política con exclusión de partidos secesionistas. El art. 6 CE define la función genérica de los partidos políticos y sólo les exige respeto a la Constitución y la ley. Es difícil hacer cambios en este artículo del Título Preliminar porque está sujeto a una reforma agravada de la Constitución. No obstante, el respeto comporta cumplir, guardar y obedecer, flagrantemente incumplido por los partidos secesionistas. La consolidación de la representatividad democrática cabe hacerse en el Titulo III de las Cortes Generales, sobre las condiciones de diputados y senadores electos, como representantes del pueblo español, así como en la ley electoral general.
La función política nacional de los partidos es representativa y funcional del pueblo español, en su conjunto, en las Cortes Generales, Congreso de los diputados y Senado (art. 66 CE.). La ley electoral vigente desde 1985, con modificaciones, permite que los partidos locales y regionales puedan acceder a las Cortes, pese a que su ámbito representativo no es nacional. Esta situación, con partidos secesionistas de ha vuelto tóxica, sólo hay que ver su acción antinacional en las Cortes, por ejemplo, dicho por la separatista Montserrat Bassa (ERC) en el Congreso: “me importa un comino la gobernabilidad de España”. Hemos tocado fondo. Con este modelo electoral, lo estamos viendo, las Cortes, en su conjunto, no representan al pueblo español, ni pueden llevar a cabo sus funciones constitucionales, sino las patologías e intereses particulares de multitud de pequeños partidos.
Es posible la reforma constitucional del Título III, por la vía simple de 3/5 de ambas cámaras, para hacer constitucional exigir a los representantes elegibles de los partidos el respeto a la unidad nacional, y excluir a los partidos que en sus fines o su conducta tiendan a cuestionar la unidad nacional y promover la secesión. Sí se puede, pues algunas naciones liberal-democráticas protegen la integridad interna en su constitución, por ejemplo, en Portugal, el art. 10.2 de la Constitución establece que los partidos deben “respetar los principios de independencia nacional, la unidad nacional y la democracia”, o Alemania, el art. 21 de la Constitución (Ley Federal de la RFA): “son inconstitucionales los partidos que, según sus fines o su comportamiento de sus adherentes, tiendan a trastornar o poner el peligro la existencia de la RFA”.
Por otra parte, la reforma exigible de la ley electoral debe garantizar la representatividad nacional de los partidos como condición de entrada. Sólo pueden presentar candidaturas a Cortes partidos con implantación nacional superior al 50% de las provincias. Y los partidos con condena firme a sus líderes por delitos contra la Constitución no podrán participar en procesos electorales de ningún tipo y sus partidos deberán disolverse.
Son ideas para concretar, pero responden a una estrategia proactiva dentro del orden constitucional que resitúe a los secesionismos en un marco de civilidad responsable. Pero demanda e incluso exige la fuerza de la unión de partidos, asociaciones civiles y liderazgos comprometidos como tantas veces hemos hecho a través del tiempo histórico.
Otros autores abundarán sobre estos contenidos y otros para superar la degradación institucional, la división sociopolítica y el empobrecimiento socioeconómico. Sánchez puede continuar, pero pronto o más tarde llegará su fin como es natural y los españoles deberán gestionar las ruinas del postsanchismo.
Artículo publicado en Voz Populi, 06.05.2024