El plan de “rearme” y el Parlamento: ¿democracia o autocracia?
Corresponde al Parlamento la aprobación de los presupuestos generales, que es el instrumento constitucionalmente previsto para recoger la inversión en defensa.
El alineamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, con la política expansionista rusa desplegada por Putin ha colocado a Europa en una situación crítica. Ante el fundado temor de que Rusia podría en un futuro no muy lejano atacar otros Estados europeos (los Bálticos, Finlandia o Moldavia), la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha advertido de que nos esperan “decisiones difíciles” y presentado un plan de rearme de 800.000 millones. La crisis de seguridad que atraviesa el continente y la ineludible necesidad de desarrollar una política de rearme que sirva de disuasión frente al imperialismo ruso es uno de los principales problemas que deben afrontar España y el resto de países europeos. En la medida en que vivimos en democracias parlamentarias, la sede en la que procede debatir y acordar las políticas de defensa es el Parlamento.
El presidente Sánchez de la misma forma –y cabe intuir que por las mismas razones- que su homóloga italiana se ha desmarcado del discurso de von der Leyen y ha rechazado la utilización del término “rearme”. Sánchez preside un Gobierno de coalición que está integrado por partidos contrarios a la Alianza Atlántica y que rechazan la adopción de medidas de rearme frente al expansionismo ruso. A Meloni le ocurre lo mismo en su país. Si en nuestro caso el Gobierno se sostiene gracias al apoyo de comunistas, separatistas y otras fuerzas de la extrema izquierda, en el caso italiano es la ultraderecha la que garantiza la estabilidad del Gobierno. Y tanto la ultraderecha como la ultraizquierda defienden posiciones que objetivamente solo benefician a la Rusia de Putin.
Sea de ello lo que fuere, es en el Parlamento donde procede exponer a la opinión pública las diferentes posturas en torno al plan de “Rearme” (porque rearme es incrementar la producción y compra de misiles, munición, drones y sistemas de defensa aérea). La lógica de la democracia parlamentaria atribuye al Parlamento la función de control de la política de defensa que corresponde al gobierno y corresponde igualmente al Parlamento la aprobación de los presupuestos generales, que es el instrumento jurídico-político constitucionalmente previsto para recoger la inversión en defensa exigida por el mencionado plan de rearme.
El Gobierno en el marco de una actitud de permanente desprecio al Parlamento y a la lógica de la democracia, se niega a debatir el plan de rearme en el Parlamento. No quiere reconocer que, de la misma forma que en Alemania en particular y en la Unión Europea en general, la política de defensa se basa en un amplio acuerdo entre el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas. Lo que explica que el 12 de marzo en el Parlamento europeo los diputados españoles del PP, PSOE y PNV, votaron juntos una resolución a favor del plan de Rearme. Votaron también juntos, pero en contra del plan: VOX, Bildu, Sumar y ERC. Sánchez quiere evitar a toda costa reproducir en el Parlamento español ese resultado que pondría en evidencia la existencia de proyectos políticos radicalmente incompatibles entre lo que el PSOE defiende en Europa y lo que sostienen sus aliados parlamentarios.
En este contexto conviene recordar el papel que en materia de defensa corresponde al Parlamento en un sistema democrático y que lo diferencia de regímenes autocráticos donde el gobierno dirige la política de defensa al margen del Parlamento.
La Constitución delimita con claridad las competencias que sobre la materia ‘defensa nacional’ corresponden respectivamente al Ejecutivo y a las Cortes. El artículo 97 atribuye expresamente al Gobierno de la nación las funciones de “dirección de la administración militar y de la defensa del Estado”. Ahora bien, esa dirección se ejerce bajo control parlamentario y no puede desarrollarse en contra o al margen del legislativo. De hecho, las Cortes son titulares de dos competencias fundamentales en materia de defensa.
La primera es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en los que deben incluirse las partidas correspondientes a inversión y gasto en defensa (artículo 66). La Ley orgánica de Defensa Nacional, aprobada en 2005, en su artículo 4.1.b establece que corresponde a las Cortes “aprobar los créditos presupuestarios” correspondientes. La segunda es la prevista con redacción desafortunada en el artículo 63.3: corresponde también al Parlamento la “autorización de la declaración de guerra”. En la medida en que las declaraciones formales de guerra están como tales prohibidas por el Derecho Internacional, el sentido del precepto es exigir el aval parlamentario al envío de tropas al exterior en el contexto de un conflicto armado. La Ley orgánica de Defensa Nacional explícitamente dispone que “al Congreso de los Diputados corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las fuerzas armadas en misiones fuera del territorio nacional” (artículo 4.2).
En nuestro país el legislativo está completamente ausente del gran debate sobre el futuro de nuestra seguridad colectiva.
Finalmente, la citada norma subraya también que “corresponde a las Cortes debatir las líneas generales de la política de defensa”. Se trata de un marco normativo similar al existente en otras democracias parlamentarias. Sin embargo, lamentablemente, en nuestro país el legislativo está completamente ausente del gran debate sobre el futuro de nuestra seguridad colectiva. El Gobierno pretende prescindir del Parlamento e impedirle ejercer sus competencias en la materia.
En primer lugar, el Gobierno, en actitud de flagrante desprecio al Parlamento, ha incumplido con su obligación constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y pretende incrementar la inversión en defensa sin deliberación en las cámaras y sin necesidad de aprobar unas nuevas Cuentas. La razón es políticamente comprensible: el Gobierno carece de apoyos para llevarlas adelante.
En segundo lugar, a pesar de la gravedad de la situación actual, el presidente no ha comparecido ante el Congreso para explicar la posición y los planes del Gobierno, y se ha privado al Parlamento de la posibilidad de debatir esas iniciativas. La razón es también políticamente comprensible: el necesario rearme que permita operar como disuasión de nuevas agresiones rusas sería rechazado por el otro partido de la coalición de gobierno y por sus socios.
Este desprecio al Parlamento, incompatible con nuestro modelo constitucional, explica que, en lugar de comparecer en el Congreso para explicar los planes del Gobierno, el presidente Sánchez haya mantenido en La Moncloa una serie de entrevistas con los representantes de las distintas fuerzas políticas, como si España tuviera un sistema político presidencialista. Así ha recibido a políticos de partidos minoritarios claramente contrarios a los planes de rearme europeos, y afines a las posiciones rusas. Y ha excluido a Vox -tercera fuerza política de la Cámara- y que no es más putinista que los anteriores. Este arbitrario y antidemocrático proceder ha permitido también a Sánchez diluir el peso del PP como partido con mayor representación parlamentaria.
En este contexto, el presidente Sánchez, que no ha informado a ninguno de sus interlocutores de planes concretos de actuación, ha anunciado su intención de incrementar las inversiones en defensa de modo unilateral, sin contar ni con el otro partido que integra la coalición de Gobierno ni tampoco con el Parlamento. No resulta exagerado afirmar que se trata de un comportamiento más propio de sistemas autocráticos que de una democracia parlamentaria.
Foto de Andrea De Santis en Unsplash.